El nuevo Código Civil deroga el régimen laboral... (segunda parte) (11-06-15) - ACTIO WEB

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¿El nuevo Código Civil deroga el régimen laboral de viajantes y corredores? (segunda parte).

Escribe el Dr. Rodolfo Aníbal González (*)

Introducción

En la primera parte de esta nota (Actio Reporte Nro. 3333 del 2 de Junio de 2015), comentábamos que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, B.O. 08-10-14), en adelante CCCN, que entrará en vigencia el 1° de agosto de 2015 (Ley 27.077), producirá efectos en las relaciones laborales, en muchos casos en colisión con los principios y normas del derecho del trabajo, creando seguramente múltiples e interminables controversias de interpretación.

El objeto de la citada nota fue –nada menos- una normativa del nuevo Código Civil, que podría considerarse como derogatoria del régimen jurídico laboral de viajantes y corredores de comercio e industria.

Supongamos que, conforme el texto de la misma, ello fuera así y se interprete que la nueva legislación deroga el régimen laboral de los viajantes y corredores.

Partiendo de esta supuesta hipótesis, cabe preguntarse si los jueces laborales avalarían o no esta modificación, que perjudicaría los derechos de los trabajadores de dicha actividad.

En es un tema controvertido, pero nos inclinamos por la respuesta negativa y –en consecuencia- por la continuidad en la aplicación de las normas jurídicas laborales, léase “Ley de Contrato de Trabajo” y “Estatuto de Viajantes y Corredores”.

Llegamos a esta conclusión, entre otros motivos, por los “principios arquitectónicos” básicos del Derecho del Trabajo que ha diseñado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de múltiples fallos y que seguramente serán considerados por los tribunales laborales, al decidir sobre el tema.

Principios de Progresividad y de Irreversibilidad

Entre otros, nos referimos en especial a los principios de Progresividad y de Irreversibilidad, conforme los cuales se impone que toda medida estatal (leyes, decretos, resoluciones) de carácter deliberadamente regresiva en materia de derechos humanos requiere la consideración más cuidadosa y debe justificarse plenamente (Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Aquino”; “Madorrán”; “Milone”; “Torrillo”; “Medina”; “Silva”; “Alvarez”; “Sánchez” y cita de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Acevedo”).

Este principio, que se encuentra normativizado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), es de gran relevancia frente a quienes aceptan la posibilidad jurídica de reversibilidad del Derecho del Trabajo, según las coyunturas sociales y políticas.

El principio de irreversibilidad en materia de derechos humanos, puede ser considerado como un subprincipio derivado del principio general de progresividad. Tiene base normativa autónoma en el artículo 29 de la CADH en cuanto establece que:

"Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:

a. permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados;

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

Consecuencias de estos principios

Tal su redacción, el dispositivo implica que una vez que un derecho ha sido reconocido, queda definitiva e irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada.

En definitiva, el impacto de esta premisa en el marco del sistema de protección de derechos humanos, impone que lo que se haya ganado como espacio de libertad y haya sido reconocido por la ley, no pueda ser revertido, menguado o reducido en lo sucesivo e implica una elevación del standard mínimo fijado por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, de modo que toda medida dirigida a limitarlo importa una violación a las obligaciones convencionalmente asumidas, que implica responsabilidad internacional.

En consecuencia, la aplicación de las normas del nuevo Código Civil a las relaciones laborales podría ser declarada inconstitucional por los jueces del fuero laboral y, en última instancia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Publicado en el Actio Reporte del 11 de Junio de 2015.

(*) Abogado (UBA). Presidente de Actio Consultores Jurídicos S.A.

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